Desde la clase más alta hasta el obrero fabril o el jornalero más humilde notaron, también en su bolsillo, el desastre que supuso la Guerra Civil. Las necesidades inmediatas derivadas de la contienda se mezclaron a menudo con la represión económica del enemigo, con su correspondiente rosario de incautaciones, expropiaciones forzosas, militarizaciones y sanciones. En ambos bandos. La diferencia estuvo en que los vencedores no solo recuperaron pronto lo perdido, sino que pusieron en marcha todo un aparato legal para expoliar sistemáticamente a los vencidos. Un aparato que no estuvo en vigor solo durante la guerra, ni siquiera durante la inmediata postguerra, sino que se prolongó nada menos que hasta 1966, año en que desaparece la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas. No fue, por tanto, fruto de decisiones “en caliente”, sino de un plan bien estudiado para aniquilar definitivamente a los vencidos. Un plan que supuso la incautación masiva de todo tipo de bienes de organizaciones, empresas y particulares, el bloqueo de cuentas bancarias y la declaración de “titulares improtegibles”, la devaluación de la moneda republicana hasta niveles irrisorios y la imposición de multas y más multas, con frecuencia incluso a los fusilados, con lo que eran sus viudas las que se veían obligadas a hacerles frente.