¿Se siguen robando niños en España en la actualidad? Esa es la pregunta que cientos de familias se hacen cada día a partir de situaciones dramáticas por las que pasan. La respuesta que cualquier ciudadano, de forma instintiva, daría es “no, es imposible”. Para casi todos, resultaría increíble que a comienzos del s. XXI, en una democracia consolidada, en un país perteneciente a la Unión Europea, pueda pensarse que menores sean separados de sus familias biológicas para alimentar el “negocio” de la adopción u otros más oscuros. Sin embargo, este es un tema polémico, que aunque no goza de mucha repercusión en los medios de comunicación, está en la calle y en las redes sociales de forma constante y sonora. Miles de familias españolas sufren la separación forzada de sus hijos, en aras del “interés superior del menor”, creándose cada día cientos de dramas increíbles, fomentados por un sistema administrativo de protección de menores, que comete errores de forma demasiado habitual, y que se sustenta en leyes profundamente injustas traduciéndose todo ello en dramas familiares dignos de ser conocidos y remediados. Para la inmensa mayoría de los afectados, los servicios sociales “roban niños” de forma impune, para alimentar las mafias del tráfico de menores para ser adoptados o para fines mucho más viles, como el abuso sexual y la prostitución.