Las becas y ayudas al estudio constituyen una política pública de extraordinaria importancia en las sociedades modernas. Son, en primer lugar, un instrumento esencial para garantizar la igualdad material en el acceso a la enseñanza y, por tanto, en el ejercicio del derecho fundamental a la educación. Pero, al mismo tiempo, contribuyen decisivamente a mejorar el nivel de formación de los ciudadanos, con indudables efectos positivos para las personas individuales, que ven mejorado su desarrollo personal y sus expectativas profesionales, para la economía nacional, que incrementará su competitividad a través de esta inversión en capital humano, y para la sociedad en su conjunto. La amplitud e intensidad de estos beneficios justifica los esfuerzos presupuestarios de las administraciones públicas para financiar este tipo de prestaciones educativas. Este trabajo trata de determinar la naturaleza jurídica y fundamento constitucional del derecho subjetivo a obtener ayudas al estudio, pero también pretende delimitar su alcance y contenido, a través de un análisis sistemático de los diferentes programas y prestaciones que, de forma más o menos explícita, se integran bajo esta genérica denominación. A partir de este análisis, se exploran fórmulas jurídicas para incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos destinados a esta política pública y, de este modo, contribuir a mejorar la calidad del servicio prestado a los ciudadanos.