La lucha por la memoria histórica es el resultado de una exigencia moral de los supervivientes de la derrota de la Guerra Civil y de sus descendientes, que no admiten que se pase una página abominable de nuestra historia sin que el Parlamento, órgano de la soberanía nacional, tenga algo que decir. En otros países las violaciones de los derechos humanos producidas por regímenes dictatoriales sí fueron sometidas al juicio de la historia y merecieron la sanción del Derecho. En España, arrastramos un déficit histórico que no se ha empezado a solventar hasta hace muy poco tiempo, gracias a la persistencia de las víctimas que reclamaban la restitución jurídica de los bienes y valores arrebatados de forma sistemática y cruel por una Dictadura consentida plácidamente por las democracias que la rodeaban. Tarde, pero su tiempo ha llegado, y el resultado es la Ley 52/2007, conocida popularmente como la ley de la memoria histórica, que sirve de apoyo a los trabajos aquí contenidos. El jurista, el historiador y el ciudadano pueden encontrar en este libro las posibilidades que ofrece la Ley para reparar a las víctimas no sólo en un plano moral, sino también desde una perspectiva eminentemente jurídica. Esta Ley ha de ser entendida como un punto de partida —y no de llegada— en el largo proceso de recuperación de la memoria histórica. Sin perder la actitud crítica, los trabajos contenidos en el libro pretenden servir de ayuda a quienes necesitan de la aplicación y efectividad de la Ley para recobrar sus derechos y proclamar así la superioridad de los valores de la democracia republicana sobre los que encarnaron los autores del golpe de Estado que puso fin a su vigencia.