Esta publicación analiza las transformaciones principales que la protección de los intereses colectivos (entre otros, de los trabajadores, de los consumidores, de los vecinos o los ambientales) exige en una de nuestras instituciones jurídico-administrativas más importantes como es la jurisdicción contencioso-administrativa. Examina los cambios que una adecuada tutela de los intereses colectivos comporta en dos elementos clave de la justicia administrativa: su función constitucional y la legitimación. También estudia otros aspectos imprescindibles para garantizar, de forma efectiva y real, la legitimación colectiva, en especial, las limitaciones económicas en el acceso a la justicia, la capacidad de los grupos y la legitimación en la ejecución de sentencias. Todo ello a partir de un examen del derecho internacional, europeo e interno (en ocasiones, también del derecho comparado), así como de la jurisprudencia del TJUE y de los tribunales españoles (en especial, el TS). Sienta las bases, en definitiva, de uno de los postulados principales de la justicia administrativa en el presente siglo: la protección de los intereses colectivos.