La justicia transicional y el Derecho Internacional Penal se presentan, frecuentemente, como dos campos contrapuestos. Por ello, cuando se han perpetrado crímenes internacionales y en los procesos de transición se exige la depuración de las responsabilidades penales, parece natural defender que es posible flexibilizar las obligaciones internacionales que imponen a los Estados el deber de investigarlos, enjuiciarlos y sancionarlos. Sin embargo, recientes procesos de transición muestran los patentes puntos de contacto que existen entre la justicia transicional y el ámbito de actuación de la Corte Penal Internacional cuando se han cometido los crímenes internacionales sobre los que ésta ejerce su jurisdicción. Precisamente, la constatación de esta evidencia nos ha llevado a estudiar la justicia transicional bajo el prisma de las cuestiones de admisibilidad con el objetivo de corroborar hasta qué punto el régimen jurídico de la justicia transicional es consistente con el Estatuto de Roma.