La publicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la Legislación Civil y Procesal para el Apoyo a las Personas con Discapacidad (SP/LEG/34123), en vigor desde el día 3 de septiembre de 2021, ha supuesto una profunda reforma en materia de capacidad y también la adecuación obligada de nuestro ordenamiento jurídico al contenido de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España en 2007. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ya venía aplicando en sus resoluciones los criterios de la Convención de Nueva York, como el principio de no discriminación, consagrado en su art. 5, o el de igual reconocimiento como persona ante la ley, del art. 12. La jurisprudencia al detalle de este número se presenta bajo el título: Medidas de apoyo a las personas con discapacidad tras la Ley 8/2021. Incluye un detallado análisis de las más recientes resoluciones, en primer lugar, del Tribunal Supremo y también de las Audiencias Provinciales. Se analizan cuestiones que van desde el alcance de la reforma, la supresión de la declaración judicial de modificación de capacidad, el respeto a los principios de autonomía y voluntad de la persona con discapacidad, contenido y límites de la curatela, cómo se configura la guarda de hecho y qué supuestos darían lugar a una curatela con y sin facultad de representación.