Gran parte de la historia constitucional se ha centrado en el inagotable debate de la rendición de cuentas de los gobernantes a los gobernados, es decir, en lo que tradicionalmente se ha denominado por la doctrina constitucional, los sistemas de responsabilidad gubernamental. Un debate de calado, sin duda, que en la democracia española ha vuelto a revitalizarse en los últimos años en que se insisten la necesidad de superar ciertas insuficiencias del sistema constitucional pergeñado en 1978; insuficiencias que pronto fueron puestas de manifiesto tanto en el plano teórico como en el práctico. Por ello, parece más que necesario revisar las anteriores prácticas para desarrollar otras más acordes con los tiempos actuales; incluso ad extra de los ámbitos estrictamente constitucionales.