Aunque resulta evidente la importancia que tienen los tratados internacionales como fuentes del Derecho, son muy escasas las monografías dedicadas en España a su estudio. El presente libro centra su mirada en dos cuestiones relacionadas con el principio democrático. En la primera parte de la obra se defiende la implicación activa de las Cortes Generales en la función de autorización de los tratados internacionales que han sido negociados y firmados por el Gobierno. Además de someter a valoración crítica la clasificación tripartita de los tratados prevista en la Constitución, se analizan los problemas derivados de la calificación de los tratados y la discutible utilización gubernamental de la aplicación provisional de los mismos. A la vista del examen realizado, se proponen algunas buenas prácticas cuya implementación exigiría la reforma de la Constitución y de otros textos jurídicos. En la segunda parte de la obra se examina la posición jurídica que los tratados internacionales ocupan en el ordenamiento constitucional español, tomando en consideración, fundamentalmente, la jurisprudencia constitucional en la materia. En este sentido, se analiza tanto su relación con la Constitución (control de constitucionalidad) como con las normas con fuerza de Ley (control de convencionalidad). Se incluyen, asimismo, referencias específicas a los tratados suscritos en materia de derechos humanos y a las normas de la Unión Europea.